San Salvador, 13 sep (EFE).- Una corte penal de El Salvador instaló este viernes un juicio “abreviado” contra el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009), en el que confesará el delito de cohecho a cambio de una pena de dos años de prisión.

Un portavoz del órgano Judicial confirmó a Efe que el Juzgado Noveno de Instrucción comenzó el juicio, programado para las 09:00 hora local (15:00 GMT), y al que la prensa no tuvo acceso.

De acuerdo con una de las fiscales del caso, Saca ofreció 10.000 dólares para tratar de frenar el avance de un proceso civil que enfrenta por supuesto enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía General de la República pactó con Saca su confesión a cambio de la referida pena, misma que cumplió durante la detención provisional, según el abogado defensor de Saca, Mario Machado.

Este mismo benefició judicial utilizó Saca para evitar una pena de hasta 30 años de prisión en un juicio por la malversación y lavado de más de 300 millones del presupuesto estatal

Saca confesó en agosto de 2018 los delitos de peculado y lavado de dinero y recibió una pena de 10 años.

Machado aseguró a periodistas antes de la instalación del juicio que Saca admitirá el delito “por conveniencia” y para “evitar que un proceso jurídico tenga una consecuencia judicial”.

“Por este caso, el señor Saca tiene más de dos años de estar en prisión provisional y si la pena es de 2 años, entendería que debería estar cumplida”, acotó el letrado.

Añadió que Saca “jamás, en ningún momento” entregó el dinero a un abogado, también procesado, para que supuestamente una empleada del tribunal civil que lleva su causa le ayudara.

Saca llegó al poder bajo la bandera de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y en 2014 fue candidato presidencial con la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), actual partido oficial.

Una diputada de Arena, partido que expulsó a Saca, propuso al Congreso el pasado 15 de mayo bloquear este recurso legal en delitos relacionados con la corrupción.

La propuesta de reforma legal fue presenta por la diputada Marcela Villatoro, quien señaló en un escrito a la Junta Directiva del Congreso que el uso de los procesos “abreviados” por funcionarios ligados a la corrupción ha generado en la población “indignación y pérdida de confianza”.

La esposa de Saca, Ana Ligia de Saca, también buscó someterse a un “juicio abreviado” para confesar el delito de lavado de dinero a cambio de una pena excarcelable en un proceso ligado a la trama de corrupción del expresidente.

No obstante, el pacto no prosperó por las diferencias entre ambas partes sobre la responsabilidad civil, dado que la Fiscalía pedía que entregará más de 17 millones de dólares y la defensa aseguró que la procesada no posee el dinero suficiente para el pago.

(c) Agencia EFE

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