BUENOS AIRES, 27 AGOSTO.- (AP) — El Senado argentino comenzó a tratar el jueves el controvertido proyecto oficialista de reforma de la justicia que, según opositores, busca blindar con impunidad a la investigada vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mientras decenas de personas protestaban en las inmediaciones de la sede del Parlamento.

Fernández de Kirchner presidía la sesión legislativa por ser también titular del Senado. La exgobernante (2007-2015) lo hacía de forma presencial en la cámara alta, mientras que muchos de los senadores debatirán de forma remota debido a la cuarentena vigente desde marzo por la pandemia del nuevo coronavirus.

Con carteles que decían “Queremos justicia, basta de impunidad” y banderas argentinas, varias decenas de ciudadanos contrarios al gobierno se congregaron en las cercanías del Congreso luego de pasar la noche bajo una carpa en protesta por la iniciativa impulsada por el presidente Alberto Fernández que contempla una reforma de la justicia federal.

El proyecto sería avalado por los senadores antes de pasar a la cámara de diputados debido al control que ejerce el oficialismo en la cámara alta.

Una de las objeciones de varios jueces, fiscales, abogados y legisladores de la fuerza opositora Juntos por el Cambio es que el proyecto pretende licuar el poder de los juzgados federales a cargo de causas calientes por presunta corrupción política.

“Todo apunta a la limpieza de las causas de Cristina y sus amigos”, denunció el senador Luis Naidenoff, jefe del bloque Juntos por el cambio, en referencia a las imputaciones por supuesta corrupción que la exmandataria afronta en varias causas.

Otras críticas señalan que la iniciativa prioriza la creación desmedida de juzgados conllevando así un aumento injustificado de gastos públicos.

El diputado Alfredo Cornejo afirmó que si el proyecto sale adelante “se crearán 317 cargos de sueldos altísimos sin ningún resultado positivo para la administración de justicia”.

“Una reforma judicial debería tener un amplio consenso… no una mayoría ajustada o circunstancial”, agregó al apuntar que la iniciativa naufragaría en la cámara de diputados.

Miembros de Juntos por el Cambio que responden al expresidente Mauricio Macri (2015-2019) señalaron además que el debate no es oportuno en momentos en que se ha agudizado la crisis económica por los efectos de la cuarentena vigente desde marzo.

En respuesta, la vicepresidenta dijo en redes sociales que Macri realizó durante su gestión una reforma judicial con “el oscuro objetivo de perseguir y encarcelar opositores políticos”, entre los que en reiteradas oportunidades se ha considerado incluida.

Además, se distanció y quitó entidad al proyecto impulsado por Fernández al afirmar que “el país todavía se debe una verdadera reforma judicial que no es la que vamos a debatir este jueves”.

Según el presidente Fernández el proyecto se propone “consolidar una justicia independiente” que logre revertir “la crisis” de credibilidad que afecta en particular al fuero federal, muy cuestionado por distintos sectores de la sociedad por supuestamente plegarse al poder de turno.

Uno de los puntos que más controversia ha generado es la presencia de un abogado de la vicepresidenta en un consejo de once juristas que asesorará sobre la reforma y el funcionamiento del sistema.

La iniciativa propone fusionar en Buenos Aires los doce juzgados federales con los once penales económicos y duplicar su número para, según el oficialismo, dar más velocidad a las causas en las que les toca intervenir y que incluyen delitos complejos como narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, contrabando y corrupción.

Según Fernández, se pretende evitar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados que tienen el poder de decidir en causas con relevancia institucional.