Los abogados del ex presidente catalán Carles Puigdemont anunciaron este martes su intención de contestar la posición de la fiscalía de Bruselas favorable a su extradición a España, en un proceso que debería tomar meses.

El Tribunal Supremo español emitió hace dos semanas una nueva orden de detención y entrega contra el líder independentista por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos por el intento de secesión de 2017.

Por estos mismos hechos, la justicia española condenó el 14 de octubre a 13 años de prisión a su ex número dos regional, Oriol Junqueras, encarcelado en España, en un proceso en que no pudo juzgarse a Puigdemont por estar en Bélgica.

La vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, dijo en este sentido que “no entenderá que el Estado belga no entregue a quienes están huidos de la justicia española” y no reconozca así “la plenitud de la democracia española”.

“Llegado ese momento tomaremos también nuestras decisiones porque no lo entenderíamos”, agregó la número dos del mandatario Pedro Sánchez en una entrevista a la radio española Onda Cero.

En Bruselas, la fiscalía belga dijo “estar de acuerdo con esta solicitud de extradición y, por supuesto, nosotros vamos a contestarla”, afirmó a los periodistas Simon Bekaert, uno de los abogados de Puigdemont.

El letrado hizo sus declaraciones al término de la primera vista sobre la extradición en la Cámara del Consejo del tribunal neerlandófono de Bruselas, que, a petición de la defensa, la aplazó al 16 de diciembre.

Puigdemont, quien dijo este martes confiar en la “independencia” y la “profesionalidad” de la justicia belga, se encuentra en libertad sin fianza desde hace dos semanas, en virtud de la tercera euroorden cursada contra él.

Tras el intento de independencia unilateral de Cataluña en 2017, el ex presidente se marchó a Bélgica para esquivar la justicia española, que retiró en el pasado dos precedentes órdenes de detención por diferentes motivos.

La decisión de aplicar la nueva Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) corresponde ahora al tribunal de primera instancia, cuyo fallo puede ser recurrido ante el Tribunal de Apelación y, más adelante, en casación.

La euroorden se puso en marcha en 2004 para sustituir los lentos procesos de extradición y se basa en el principio de reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales entre países miembros de la Unión Europea (UE).

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