El principal fabricante de alimentos de Venezuela, Empresas Polar, tachó este sábado de “arbitraria” la supervisión de precios anunciada por el gobierno de Nicolás Maduro y pidió dejarla “sin efecto” al considerar que genera “zozobra” en medio de la pandemia de COVID-19.

“No hay ninguna razón ni justificación para esta medida arbitraria”, dijo en un comunicado Lorenzo Mendoza, presidente de la compañía, que produce entre otras cosas harina de maíz, base de la alimentación de los venezolanos.

Bajo un “mecanismo de venta supervisada”, el gobierno de Maduro vigilará a Empresas Polar y dos compañías más para que “respeten” un esquema de control de precios, informó el viernes la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que las acusó de convertirse en “marcadores referenciales especulativos”.

La supervisión, “lejos de ayudar a la tranquilidad del país, genera angustia y zozobra”, afirmó la compañía, que sostiene que la medida “afecta gravemente” el trabajo “para garantizar el abastecimiento de alimentos en este momento tan crítico”.

El aumento de los precios de productos básicos provocó focos de protesta y saqueos en poblaciones del interior del país, que dejaron un fallecido.

Los venezolanos sufren una voraz inflación con un índice interanual de 3.365% en marzo, según el Parlamento de mayoría opositora, que ofrece un informe inflacionario desde 2017 por la escasa disponibilidad de cifras oficiales.

Durante años Venezuela vivió una grave escasez de alimentos básicos, que especialistas vinculaban con un férreo control cambiario y con controles de precios.

En los últimos tiempos, con la flexibilización de esas restricciones por la falta de liquidez del gobierno, los anaqueles de supermercados y establecimientos de comida habían recuperado la oferta.

El país atraviesa la peor crisis de su historia moderna, que ha causado el éxodo de 4,9 millones de personas desde finales de 2015, según la ONU.

El miércoles, Maduro acusó a empresarios de una “guerra económica brutal” mientras Venezuela acata una cuarentena para prevenir el avance de la COVID-19, de la cual solo sectores esenciales como la alimentación y la salud están excluidos.