BRUSELAS, 16 ABRIL.- La tasa de mortalidad por el coronavirus en Bélgica, país de 11,5 millones de habitantes, es una de las más altas de Europa, dada la inclusión de las muertes sospechosas y el rechazo a ocultar el dramático destino en residencias de ancianos.

La cifra es impresionante: un balance de 4.857 muertes vinculadas a la COVID-19, mientras el Reino Unido y Francia, seis veces más poblados, se sitúan en torno a las 13.000 y 17.000, según los últimos datos.

Si se tiene en cuenta el número de muertes por millón de habitantes, Bélgica, con 419, supera a sus vecinos británicos (190) y franceses (263), pero también por primera vez a España (409) en la lista de países más afectados.

La exposición del país es tal que la primera ministra belga, Sophie Wilmès, tuvo que dar explicaciones el miércoles por la noche tras una nueva reunión de crisis consagrada a la pandemia.

Bélgica “escogió la mayor transparencia en la comunicación de las muertes vinculadas a la COVID-19”, justificó la jefa del gobierno belga, quien no descartó la integración “a veces de cifras sobrestimadas”.

En la práctica, las autoridades sanitarias incluyen en sus balances las muertes en hospitales pero también en residencias de ancianos, donde el virus causa estragos pese a la prohibición de las visitas.

Además, en estos centros (unos 1.500 en el país), el recuento es exhaustivo, ya que se incluyen las muertes posiblemente vinculadas al virus sin que se hayan realizado pruebas.

“En Europa, ningún país realiza los balances como el resto. Nosotros lo hacemos de forma más detallada”, afirmó este jueves la ministra de Sanidad, Maggie De Block, a la cadena de televisión LN24.

De Block subrayó que su ministerio estudiaba ahora, junto a las diferentes regiones, un modo de recuento que permita a Bélgica compararse con sus vecinos, sin especificar a qué países hacía referencia.

La primera ministra belga, Sophie Wilmes, habla durante una rueda de prensa que dio tras una reunión del comité nacional de seguridad por la crisis del coronavirus, el 15 de abril de 2020 en Bruselas. Belga/AFP / Benoit Doppagne

“Tragedia a puerta cerrada”

La extensa contabilidad belga, blanco de las críticas de algunos médicos por ocultar otros diagnósticos como la hipertensión, diabetes o patologías cardiovasculares, “es necesaria”, según el doctor Emmanuel André.

Según este portavoz de las autoridades sanitarias y virólogo, “considerar los casos sospechosos es una buena práctica” para hacer el seguimiento de una epidemia.

Las muertes por la COVID-19 confirmadas mediante un test positivo eran hasta ahora minoritarias en las residencias de ancianos, en torno al 5%.

Pero, según el doctor André, este porcentaje aumentará en los próximos días por el aumento de las pruebas de detección, lo que permitirá medir mejor la presencia del virus.

Una calle de Bruselas poco transitada como consecuencia del confinamiento impuesto por el coronavirus, el 15 de abril de 2020. AFP / John Thys

Para el sociólogo Geoffrey Pleyers, “una tragedia humana, social y ética” tiene lugar desde hace un mes “a puerta cerrada detrás de las residencias de ancianos”, con las autoridades centradas en la capacidad de acción de los hospitales ante el virus.

“¿Qué proporción de esas muertes podría haberse evitado si se hubieran beneficiado de los cuidados en los hospitales?”, se pregunta el investigador belga en una tribuna publicada en el diario Le Soir.

Ante la magnitud del drama, el gobierno belga decidió multiplicar por diez su esfuerzo inicial de 20.000 pruebas en las residencias de ancianos y facilitar 210.000, un suministro gradual iniciado el miércoles.

Pero “210.000 es insuficiente para todo el mundo”, lamenta Vincent Frédéricq, secretario general de Femarbel, la principal federación del sector en la Bélgica francófona.

Además de sus 160.000 residentes en todo el país, estos establecimientos cuentan con unos 110.000 empleados (personal sanitario, administrativos, etc.), que pueden convertirse en vectores del virus, explica.

“En la región de Bruselas, el 95% de los miembros del personal toman el transporte público, metro, tranvía o autobús” para ir a trabajar, lamenta Frédéricq.