CIUDAD DE MÉXICO — El plan económico de México para afrontar la COVID-19 es ortodoxo y austero. Otras naciones latinoamericanas han respondido a la emergencia sanitaria dando salarios de emergencia a trabajadores informales, han aumentado en niveles históricos su gasto público o eliminaron el pago de servicios como electricidad y agua. No en México.

El país dará batalla a la pandemia con medidas que habrían hecho feliz al Fondo Monetario Internacional de los noventa: redujo los salarios de los trabajadores del Estado y los obligó a devolver su bono navideño, recortó el presupuesto público de varias secretarías y a las pequeñas empresas solo les extendió créditos. El gasto público se incrementó en solo 0,7 puntos del PIB.

Para enfrentar esta crisis compleja, parece que el único as bajo la manga del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es continuar con los programas sociales de siempre.

Pero esta política es equivocada y mediocre. Equivocada porque los programas no atienden a los nuevos desempleados pobres e informales que surgirán como consecuencia de la COVID-19. Y mediocre porque parece asumir que en crisis anteriores el Estado se ha endeudado sin beneficiar a los pobres y que aumentar la deuda hoy sería igual de inefectivo.

La obstinación de López Obrador con la austeridad no es nueva. A lo largo de su carrera ha interpretado —como se deja ver en algunos de sus libros— que aumentar la deuda del Estado significa otorgar apoyos a la industria y, por tanto, favorece solo a las grandes empresas y a los ricos a costa del endeudamiento futuro de la población mexicana. También se empeña en creer que los programas sociales que inauguró al inicio de su mandato ya cubren las necesidades de los más pobres y que no es necesario aumentar el gasto público. No es todo: López Obrador ha interpretado que la deuda pública conduce a la pérdida de soberanía, que mientras más tenedores de bonos públicos existan, más tendrá que rendir cuentas a inversionistas y bancos extranjeros.

Si bien López Obrador tiene razón en que la adquisición de deuda reduce su poder soberano, no la tiene en asumir que toda deuda se traduce inmediatamente en apoyos a los ricos. México tiene una larga historia de vergonzosos rescates a multimillonarios pero eso no significa que el país siempre tenga que usar su deuda de la misma forma.

López Obrador ve en la austeridad una medida propobre y protrabajador: en su lógica, los pobres ya están siendo protegidos por programas sociales y el resto de la población tiene dinero suficiente para salir adelante. Por eso, en el contexto de la COVID-19, la ayuda de su gobierno se ha limitado a dar un millón de créditos de aproximadamente mil dólares a las empresas pequeñas y a solicitar a los empresarios que continúen pagando el salario íntegro de todos sus trabajadores.

La interpretación del presidente mexicano no solo es incorrecta, sino también es perjudicial. Sobre todo porque la economía mexicana ha sufrido una contracción desde el año pasado.

El costo para los más pobres será enorme: los programas sociales de AMLO no cubren a todos. En México, hay 22 millones de beneficiarios de estos programas y 52 millones de pobres. Por lo tanto, ante la COVID-19, no existirán ayudas para un 57 por ciento de las personas que viven en pobreza. Y un millón de mexicanos tendrán por único apoyo un microcrédito que deberán pagar con el tiempo (se les darán mil dólares con tasas de interés bajas y se les pedirá que paguen en cuatro meses).

Los programas sociales que existen hoy no solo son insuficientes, sino que no están diseñados para beneficiar al tipo de ciudadano que se verá más afectado por la crisis del coronavirus, o a los nuevos pobres que surgirán por los efectos de la pandemia.

Los recursos sociales se enfocan en dar transferencias en efectivo a estudiantes, jóvenes aprendices, pensionados, agricultores y dueños de micronegocios. Por ello, los programas sociales no tienen posibilidad de apoyar a los nuevos desempleados, a los pobres urbanos que no tienen un micronegocio o a los desposeídos que tienen 30 años o más. No es sorpresa que grupos de meseros, que no tienen ingresos y son parte de una de las industrias más afectadas por el coronavirus, lleven días organizando protestas.

En lugar de optar por una austeridad draconiana, el presidente podría usar la ayuda para dar transferencias a desempleados y apoyar a las empresas bajo la estricta condición de que no despidan a sus empleados. Se podría limitar el apoyo a empresarios pequeños y aprovecharse de la necesidad de recursos que tienen los empresarios grandes para que, a cambio de las ayudas que reciban este año, acepten pagar más impuestos a partir de 2021.

Las condiciones incluso podrían llevarse a otras partes de la agenda política. Se podría solo apoyar a empresas que firmen estatutos éticos que reduzcan la corrupción o que prueben que en menos de 5 años tendrán paridad de género en sus consejos directivos.

En este sentido, México podría sentar precedentes en aumentar su deuda bajo la condición de un cambio profundo en la forma de hacer negocios, y con ello debilitar monopolios y oligarquías, una deuda pendiente desde hace mucho tiempo.

López Obrador, sin embargo, no parece dispuesto a innovar. Dice que irá haciendo cambios en el futuro pero la economía no puede esperar y, entre más se demora, más costoso será ayudar a todos. Y esa poca disposición a innovar ni a actuar rápido podrían ser los mayores problemas de su sexenio.

Ante una crisis como la actual, AMLO tiene que dejar a un lado sus ideas preconcebidas y estar abierto a nuevas ideas.

This article originally appeared in The New York Times.

© 2020 The New York Times Company