Asunción, 19 ago (EFE).- La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) del Congreso paraguayo arrancó este lunes sus interrogatorios a los implicados en la firma de un acta bilateral con Brasil de compra de energía a Itaipú, mientras el oficialismo se reunía con el presidente Mario Abdo Benítez para expresar su rechazo al juicio político.

La filtración de ese documento a finales de julio fue el motivo que llevó a la oposición a pedir el juicio político para el Ejecutivo, al que acusaban de traición a la patria, e impulsó la CBI en el Congreso.

Ante los legisladores integrantes de la CBI, cinco diputados y cinco senadores, comparecieron a lo largo del lunes distintos directivos y exdirectivos de la Administración Nacional de Electridad (ANDE) y de la margen paraguaya de la Itaipú binacional, así como el excanciller Luis Alberto Castiglioni.

Los convocados para esta primera jornada fueron el gerente técnico interino de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Ubaldo Fernández; el director técnico paraguayo de Itaipú, Luis Valdez y el exgerente técnico de la ANDE Fabián Cáceres.

También fueron llamados el exdirector técnico paraguayo de Itaipú José Sánchez Tillería; el excanciller Castiglioni; y el expresidente de la ANDE Pedro Ferreira.

Su presencia resultó muy enriquecedora para la CBI, según dijo a los medios el senador del Partido Liberal (PLRA); Eusebio Ramón Ayala.

Ayala reconoció que, hasta el momento, solo había tenido acceso a la información publicada por los medios de comunicación, pero que ahora, gracias a las declaraciones de los interrogados y sus aportes, contaban con “documentos” que resultarían “muy buenos” para la investigación.

No obstante, la mayoría de las declaraciones se convirtieron en una sucesión de las argumentaciones que todos los implicados habían repetido desde que saltó el escándalo del acta, a finales de julio, con la única diferencia de que en esta ocasión se debían someter a las preguntas de los legisladores.

Cáceres, que dimitió poco después de conocerse al acta al estar en desacuerdo con el documento, señaló tanto a Castiglioni como al exembajador en Brasil Hugo Saguier, quien también puso su cargo a disposición, salpicado por la firma del documento.

A su juicio, los dos renunciaron a la soberanía de Paraguay para someterse a las del Gobierno brasileño de Jair Bolsonaro.

Por su parte, Valdez, que asumió posesión de su puesto a raíz de las dimisiones previas, se desligó de posibles responsabilidades y recalcó que él entró en Itaipú después de la firma del acta y de su filtración a los medios.

Sin embargo, se sometió a las preguntas “pertinentes” de la CBI y les aportó “un panorama acabado” para ubicarles en las investigaciones.

Por la tarde, con más de dos horas de retraso a causa de la dilación de los ponentes anteriores, ingresó en el Congreso el excanciller Castiglioni, quien insistió en que los negociadores llegaron a Brasilia con una directrices claras de la Cancillería.

Las órdenes del Ministerio de Exteriores a sus negociadores blindaban el precio tarifario de Paraguay, exigían que el país mantuviera el privilegio de contratar potencia excedente en primer lugar, y les instaban a actuar con rigurosidad de cara a las negociaciones del Anexo C del Tratado que afrontarán ambos países en 2023.

Castiglioni volvió a referirse a unas “negociaciones paralelas” de las que nunca tuvo constancia y de las que tuvo que pedir explicaciones a Saguier tras la dimisión de ambos, cuando se enteró por la prensa de la existencia de otros documentos relativos a esas conversaciones en Brasilia.

Las citaciones continuarán este martes con la presencia de Saguier y del otro expresidente de la ANDE, Alcides Jiménez.

El acta fue anulada por el Gobierno paraguayo el 1 de agosto con la intención de calmar a la opinión pública y de tratar de frenar el pedido de juicio político de la oposición.

(c) Agencia EFE

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