BOGOTÁ (AP) — El influyente expresidente colombiano Álvaro Uribe compareció el martes ante la más alta instancia judicial del país para ser interrogado en un caso de supuesta manipulación de testigos que podría ensombrecer su legado.

Un magistrado interrogó a Uribe a puerta cerrada durante siete horas sobre las acusaciones de que, a través de su abogado, intentó influenciar e incluso sobornar a miembros de un grupo paramilitar que tenían información perjudicial del exmandatario.

Tras el interrogatorio, la Corte Suprema de Colombia difundió un breve comunicado en el que anunció que las autoridades alcanzaron la conclusión de que existen elementos suficientes para continuar con la investigación de Uribe, aunque no se presentaron cargos.

“Procedí a defender mi lealtad a la verdad”, dijo Uribe en un discurso a sus simpatizantes.

La causa se deriva de las acusaciones hechas hace varios años por el senador Iván Cepeda, quien dijo que Uribe era el fundador de un bloque paramilitar en su provincia durante la guerra civil de décadas entre fuerzas del gobierno, guerrillas izquierdistas y paramilitares de derecha.

El exmandatario ha rechazado todas las acusaciones de nexos con paramilitares, acusados de narcotráfico, asesinar a personas inocentes y desplazar a miles de personas de sus casas y tierras durante los conflictos con los rebeldes.

El caso ha dividido a la nación sudamericana y desatado manifestaciones en favor y en contra del expresidente. Analistas políticos lo consideran una importante prueba para el sistema judicial de Colombia, que durante su historia ha pasado problemas para castigar a prominentes líderes políticos y militares.

“Es crucial que el sistema judicial de Colombia maneje el asunto con un rigor profesional y desapasionado para que esto no se convierta en un circo”, dijo Adam Isacson, experto en Colombia para el centro de estudios Washington Office on Latin America.

Quizás ningún líder político en la historia reciente de Colombia ha ejercido tanta influencia como Uribe, quien aún cuenta con una numerosa legión de seguidores. Lideró exitosamente la campaña para rechazar un referéndum sobre el proceso de paz con la guerrilla en 2016. El año pasado, su apoyo fue crucial para la victoria en las elecciones presidenciales de Iván Duque, hasta entonces un senador poco conocido.

Pero las acusaciones de lazos con los cárteles de drogas y paramilitares han seguido a Uribe desde la década de 1980, cuando se acusó a la agencia de aviación civil que él dirigía de darles licencias de piloto a narcotraficantes. Cables desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos de una década después muestran que se les dijo a funcionarios estadounidenses que el político en ascenso tenía vínculos con narcotraficantes.

Uribe ha rechazado persistentemente las acusaciones y fue un inquebrantable aliado de Estados Unidos en la guerra contra las drogas durante su gobierno, de 2002 a 2010. Extraditó a una cifra sin precedentes de sospechosos de narcotráfico y expandió agresivamente un programa de Estados Unidos para rociar herbicida en enormes campos de coca.

“Nunca pensé que la defensa del honor y mi amor a Colombia, de frente y con respeto a los ciudadanos, de acuerdo con la Constitución, me creara estas dificultades judiciales”, dijo Uribe el lunes, quien ha negado reiteradamente las acusaciones.

Su comparecencia en la Corte se deriva de acusaciones hechas por Cepeda en el 2014 durante un debate en el Congreso sobre los presuntos lazos paramilitares de Uribe. Cepeda dijo entonces que tenía testimonios de dos excombatientes que confirmaban esa asociación.

En respuesta, Uribe acusó a Cepeda de difamación, pero la Corte Suprema eventualmente desechó el caso y abrió una investigación contra el presidente.

La causa se basa en gran parte en declaraciones del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien dice que Uribe ayudó a formar una rama de las Autodefensas Unidas Colombia (AUC).

Monsalve dice que un abogado de Uribe, Diego Cadena, lo presionó para que retractara ese testimonio. Otro exparamilitar ha dicho también que Cadena le pagó para declarar en favor del expresidente.

Los colombianos o son devotos de Urbe porque elogian su enfoque firme para derrotar a las guerrillas cuando era presidente, o son escépticos que han querido desde hace mucho verle ante los tribunales.

“Si lo condenan o lo absuelven, de todos modos la mitad de los colombianos quedarán indignados”, dijo recientemente la revista Semana.

Los problemas legales de Uribe se mezclan con las frustraciones sobre el acuerdo de paz con las guerrillas de izquierda. La mayoría de los exrebeldes no pisará la cárcel en caso de que confiesen todos sus crímenes, una oferta que irrita a muchos colombianos. Varios excomandantes rebeldes son miembros del Congreso, otra estipulación del frágil pacto.

Acólitos de Uribe como la senadora Paloma Valencia se quejan de que el sistema de justicia esté permitiendo que excombatientes acusados de numerosas violaciones graves a los derechos humanos quede impunes mientras que interrogan al popular expresidente.

“Sorprende que quien esté sentado en un llamamiento a juicio sea el líder que ha representado a la mayoría de los colombianos durante los últimos años”, le dijo al diario El Tiempo.

Pero cuando Uribe llegaba a la corte el martes, rodeado por seis guardaespaldas, centenares de personas afuera del edificio coreaban lemas contra él.

“Dejen que la corte imparta justicia”, dijo Marta Delgado, un ama de casa de 57 años que llevaba un cartel que decía: “Yo apoyo a la Corte Suprema de Justicia”.

Alrededor de 50 agentes de policía montaron guardia frente al edificio histórico, en donde en 1985 la guerrilla M19 realizó un ataque _ y la fuerte respuesta policial y militar _ dejó más de 100 personas muertas.

Durante su discurso nocturno, Uribe relató a detalle su inocencia y recordó a los colombianos de sus logros en el combate a las guerrillas y la reducción de los índices delictivos.

Sobre el interrogatorio, dijo que tiene la “tranquilidad” de saber que está defendiendo la verdad y expresó su respeto al juego que lo cuestionó.

“Procedió en el cumplimiento de su deber. No tengo queja”, declaró. “Y él debió percibir mi respeto a la justicia”.

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