Stornelli tiene a su cargo, entre otras causas, la investigación de supuestos sobornos en la obra pública por más de 160 millones de dólares durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015), conocida como “cuadernos de la corrupción”, en la que están procesados la expresidenta, exministros y decenas de empresarios.

En la resolución de este viernes, el juez Alejo Ramos Padilla, acusado por el oficialismo de servir a los intereses de la expresidenta, pidió al procurador general Ricardo Casal que “urja el procedimiento para lograr la remoción y/o desafuero del fiscal Stornelli”.

Además, volvió a citar a Stornelli para el 31 de mayo en su juzgado de la ciudad de Dolores (200 km al sur de Buenos Aires).

A Stornelli se le imputa que “reclamó y aceptó” acciones de “inteligencia y espionaje ilegal”, en causas de corrupción donde intervenía como fiscal federal, según la resolución del 27 de marzo en la que el juez lo declaró en rebeldía, medida luego ratificada en segunda instancia.

De acuerdo con ese documento, el espionaje ilegal también se desarrolló en Uruguay sobre “empresarios uruguayos, argentinos, colombianos e iraníes”.

El entonces gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli (C), habla durante la firma de un acuerdo de cooperación técnica sobre seguridad junto al entonces Ministro de Seguridad de Argentina, Carlos Stornelli (I) y el gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral (D), el 26 de marzo de 2008 en Rio de Janeiro, Brasil.
El entonces gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli (C), habla durante la firma de un acuerdo de cooperación técnica sobre seguridad junto al entonces Ministro de Seguridad de Argentina, Carlos Stornelli (I) y el gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral (D), el 26 de marzo de 2008 en Rio de Janeiro, Brasil.© GOVERNMENT/AFP HO

Esta semana, la Cámara Federal de Mar del Plata (apelación) ratificó al juez y le indicó que avance en el pedido de desafuero, necesario para poder obligar a comparecer ante la justicia al fiscal, que de todos modos no podrá ser detenido.

El caso tomó relevancia política en un año electoral, luego de que el juez informara en la Cámara de Diputados que investiga “una red de espionaje política y judicial ilegal de grandes magnitudes”.

Kirchner, candidata a vicepresidenta, acusa el gobierno de Mauricio Macri de persecución judicial.