WASHINGTON (AP) — Más de 40 procuradores estatales y municipales impugnaron el viernes el intento del secretario de Justicia estadounidense, William Barr, de acrecentar su poder de decidir sobre la deportación de inmigrantes con condenas penales.

Barr quiere modificar las normas que asignan a los estados y municipios la decisión sobre casos penales que pueden afectar la deportación o no de inmigrante. Es parte del intento de Barr de acrecentar su autoridad en casos de deportación.

El procurador de Brooklyn, Eric González, dijo que es importante que los procuradores estatales y locales electos conserven esa autoridad porque son los más capacitados para determinar la trayectoria criminal de las personas en sus jurisdicciones.

Su oficina mantiene una unidad dedicada a reexaminar casos ante denuncias de que algún detective policial ya retirado habría falsificado información. La oficina ha anulado una serie de condenas, aunque hasta ahora han sido de ciudadanos estadounidenses.

“La justicia requiere el estudio cuidadoso de los hechos en cada caso”, dijo González en un comunicado. “Lo mejor es realizar esta evaluación a nivel local teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad”.

González y los demás procuradores presentaron un escrito al Departamento de Justicia el viernes. Entre los firmantes figuran los procuradores de justicia de siete estados, incluidos Washington, Minnesota, Nevada y Delaware, así como procuradores de 36 jurisdicciones rurales y urbanas de Georgia, Maryland, Wisconsin, Texas, Kansas y California.

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