San Salvador, 28 may (EFE).- El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, concluirá su gestión de “espaldas” a las víctimas de desplazamiento forzado por la violencia tras no reconocer plenamente el fenómeno, dijo este martes la directora de Programas de la organización Cristosal, Celia Medrano.

“El presidente Sánchez Cerén termina su gestión dándole las espaldas a las víctimas de violencia en condición de desplazamiento forzado”, dijo a periodistas la experta.

Señaló que Sánchez Cerén, quien concluye su administración el 31 de mayo, “no generó el cumplimiento” de una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema “que implicaba un reconocimiento oficial al más alto nivel, es decir, desde la Presidencia de la República”.

Los jueces constitucionales ampararon en julio de 2018 a una familia desplazada por la violencia de las pandillas y de los cuerpos de seguridad, con lo que se convirtió en el primer órgano de Estado en reconocer el fenómeno.

“Terminar la gestión de espaldas a las víctimas es pasar a la historia como un presidente que no supo proteger a su misma gente que estaba en necesidad de gran protección”, subrayó.

Por otra parte, aseguró que los diputados del Congreso se encuentran en “desacato” de la referida resolución judicial, en la que la Sala de lo Constitucional ordenó la creación de una ley de protección de las víctimas del desplazamiento, cuyo plazo venció en enero pasado.

Dicho órgano estatal posee al menos tres propuestas de ley para atender a las personas desplazadas pero no se registran “avances significativos” en la discusión.

“No hay excusa para alargar más una toma de decisión desde la Asamblea Legislativa y acatar la sentencia”, señaló Medrado.

Estas declaraciones fueron dadas durante un foro regional en el que expertos del Triángulo Norte de Centroamérica y México analizan sobre la migración irregular, desplazamiento forzado y derechos humanos.

La violencia criminal que vive El Salvador obligó a más de 235.700 personas a desplazarse forzosamente durante el 2018, según una encuesta nacional la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) que fue apoyada por Cristosal.

El estudio señala que el 5,2 % de la población adulta del país tuvo que “cambiar su lugar de vivienda” para protegerse “de una amenaza o hecho de violencia”.

Este porcentaje es similar al registrado durante 2017 por un estudio similar de la UCA y superior al 4,9 % computado en 2016. EFE