El fiscal general de Perú, Pedro Chávarry, tomó –entre el pasado domingo y el lunes– tres decisiones que obstaculizan el avance de las investigaciones de la red de corrupción en el sistema de justicia, la organización criminal llamada Cuellos Blancos del Puerto.

Una de las responsables de la pesquisa, la fiscal supraprovincial del Callao Sandra Castro ha solicitado al fiscal general personal para transcribir más de 20.000 audios de la corrupción, dada su carga adicional de trabajo sobre lavado de activos, pero el domingo Chávarry le encargó una diligencia distinta: participar en una operación de tres días contra el blanqueo de capitales en el aeropuerto y luego elaborar un informe detallado.

Rocío Sánchez, la otra responsable de la investigación a la mafia formada por jueces, fiscales, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, políticos y empresarios, pidió en agosto al fiscal general que delegue casos de lavado de activos a un fiscal especializado en ese rubro para que ella y su colega puedan dedicarse enteramente a los Cuellos Blancos del Puerto, pero el titular del ministerio público no respondió.

Ambas magistradas son las responsables de crimen organizado y lavado de activos en el Callao, donde se ubican el principal puerto del país y el aeropuerto internacional Jorge Chávez, y por tanto, son puntos de operación del narco y de otras bandas criminales. Un informe de agosto realizado por Castro señala que Chávarry es un presunto miembro de la trama de corrupción.

Sin embargo, las investigaciones para dilucidarlo no inician porque la mayoría fujimorista en el Congreso lo impide: cuatro denuncias en su contra por infracción constitucional aún no han sido debatidas desde agosto, porque el presidente de la comisión parlamentaria que debe tratarlas se niega a hacerlo.

Se trata del parlamentario fujimorista César Segura. Si el Congreso no lo denuncia constitucionalmente y le levanta el fuero, la investigación penal sigue congelada.

UNA FISCAL DENUNCIA A FUJIMORI POR LAS ESTERILIZACIONES FORZADAS

El expresidente y autócrata Alberto Fujimori, cuyo indulto fue anulado a inicios de octubre, ha sido denunciado por la fiscal Marcelita Gutiérrez ante un juzgado penal como autor mediato de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud como parte de la política de esterilizaciones forzadas de su gobierno en la década de los años 90, informó la ONG Demus, que busca justicia por cinco víctimas de muerte y otra de lesiones graves.

Gutiérrez ha denunciado además a otros tres exministros de Salud del Gobierno de Fujimori por lesiones graves y muerte a causa de dichas cirugías hechas sin consentimiento, en el marco de un plan nacional de planificación familiar y reducción de la pobreza. Uno de ellos es el médico de cabecera de Fujimori, Alejandro Aguinaga, quien mantiene al político internado en una clínica privada para que no vuelva a prisión.

La fiscalía había archivado dos veces la investigación, excluyendo a Fujimori y los ministros, y en 2014 denunció penalmente solo a cinco médicos y enfermeros. Según la Defensoría del Pueblo, unas 2.074 mujeres fueron esterilizadas contra su voluntad entre 1996 y 2000.

Este sería el segundo juicio que Fujimori tendría que enfrentar en los próximos meses, junto con el caso Pativilca, en el que la Fiscalía lo denuncia como autor mediato del asesinato de cinco campesinos a manos del Grupo Colina en enero de 1992, el destacamento del Ejército que asesinó a opositores al régimen y a inocentes, alegando que eran acciones contra el terrorismo.

Algunos diálogos en la aplicación de mensajería Telegram de la líder de la oposición, Keiko Fujimori, con los congresistas del comité político de su partido, indicaban entre agosto y septiembre que para el fujimorismo la permanencia de Chávarry como cabeza del ministerio público es un “asunto de supervivencia” y que debían “blindarlo”.

Los chats, difundidos por la publicación digital IDL-Reporteros en octubre, procedían de un congresista de Fuerza Popular investigado por ser uno de los que colaboró, en 2011, a blanquear el dinero que la empresa brasileña Odebrecht entregó a la campaña electoral de la entonces candidata presidencial Fujimori.

Este año, la líder fujimorista acudió al presunto responsable de los Cuellos Blancos del Puerto, el hoy destituido juez César Hinostroza, con el fin de que la investigación en su contra sobres los fondos de campaña de 2011 continuara bajo la ley de crimen organizado.

Desde el 31 de octubre, la hija mayor del expresidente autócrata Alberto Fujimori está en detención preventiva para que no ponga en peligro las investigaciones del fiscal provincial José Domingo Pérez sobre la organización criminal que se insertó en el partido Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) con el fin de blanquear los fondos recibidos de Odebrecht para la campaña electoral.

Pérez interrogará al fiscal general el próximo lunes acerca de su relación con Keiko Fujimori y los diálogos de los congresistas fujimoristas y uno de los asesores de la excandidata presidencial sobre la necesidad de blindarlo en el Parlamento.

El lunes 13, el fiscal Pérez fue notificado de que el fiscal general autorizó un proceso interno de sanción disciplinaria en su contra. ¿El motivo? Chávarry pide que el fiscal provincial explique al órgano de control interno de la Fiscalía por qué usó el término “guerrilla” al aludir al grupo maoísta Sendero Luminoso en una conferencia académica en Chihuahua en octubre.

Sendero Luminoso inició en 1980 un período de 20 años de violencia en Perú mediante acciones terroristas, con el fin de capturar el Estado y fue responsable por más de la mitad de las víctimas de ese período, según el informe de 2003 de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

El viernes último, el semanario Hildebrandt en sus Trece reveló que el fiscal general tiene dos planes contra el fiscal que investiga a Keiko Fujimori y once de sus colaboradores: uno es la sanción disciplinaria, o el ascenso a fiscal superior para obligarlo a dejar el caso de Fuerza 2011.

En paralelo, el lunes el fiscal Chávarry retiró al jefe de Pérez, el fiscal superior Rafael Vela, de la entidad que decide el destino de los bienes incautados en delitos cometidos en agravio del Estado. Vela, es el coordinador nacional de las fiscalías de lavado de activos y pérdida de dominio y fue designado en junio de 2017 como representante del Ministerio Público en el Consejo Directivo del Programa Nacional de Bienes Incautados, debido a su condición de experto en el rubro, indicó una fuente de la Fiscalía a EL PAÍS. Es además, el magistrado que coordina el equipo especial Lava Jato en el Ministerio Público.

Ante las críticas a la decisión del fiscal general, el ministerio público emitió un comunicado aclarando que Vela desempeñaba allí “asuntos meramente administrativos”, pero en los corrillos de la avenida Abancay entienden la orden de Chávarry como una más para “molestar y hartar” a los fiscales que encabezan la anticorrupción y figuran con la mayor aprobación ciudadana en las encuestas por su desempeño.