Asunción, 7 feb (EFE).- La Cámara de Diputados de Paraguay resolvió este jueves, por unanimidad, destituir a la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, del gobernante Partido Colorado, tras concluir la intervención de la gestión municipal que se inició en diciembre ante las denuncias de irregularidades.

El Congreso remitirá ahora la resolución al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para que convoque a elecciones en el municipio, mientras que los diputados deberán elegir a un intendente interino hasta esos comicios.

No obstante, la semana pasada la Junta Municipal de Ciudad del Este eligió a un nuevo regidor entre sus miembros, el concejal Celso Miranda, del partido Cruzada Nacional, tras aceptar la renuncia de McLeod, que presentó por segunda vez.

La destitución se produjo en una sesión extraordinaria a la que no se presentaron 16 diputados pertenecientes al movimiento del coloradismo al que pertenece McLeod, Honor Colorado, afín al expresidente Horacio Cartes (2013-2018), que consideraron ilegal la sesión.

Los 52 diputados presentes analizaron el informe final del proceso de intervención, que duró 60 días, y posteriormente votaron a favor de destituir a McLeod.

Los diputados ausentes argumentaron que la Junta Municipal de Ciudad del Este, urbe fronteriza con Brasil, aceptó la renuncia de McLeod y eligió a otro intendente, por lo que no es posible destituir a alguien de un cargo que ya no ostenta.

No obstante, durante el debate, los que votaron a favor aseguraron que la decisión de la Junta fue ilegal, ya que, “el proceso de intervención comienza y termina sólo en la Cámara de Diputados”, dijo el legislador del minoritario Partido Patria Querida (PPQ), Sebastián Villarejo.

En ese sentido, el diputado colorado Ever Noguera, afín del movimiento interno Colorado Añetete, del actual presidente del país, Mario Abdo Benítez, fue más allá y pidió “abrir otro proceso de intervención a la Junta Municipal” por esa decisión.

Antes del debate, el abogado defensor de McLeod, Bernardo Villalba, que negó la legitimidad de la sesión por el mismo motivo que los diputados cartistas, rebatió, punto por punto, las irregularidades que el informe elaborado por el equipo interventor denuncia.

Entre ellas, la existencia de un presunto delito de malversación de fondos públicos en la gestión de impuestos, que habría causado un daño patrimonial al municipio.

Acusación que la defensa rechazó y tildó de “calamidad jurídica y administrativa” ya que se sustenta en el incumplimiento de una normativa que obliga a los municipios a limitar al 40 % de ingresos provenientes del impuesto inmobiliario, el gasto en salarios, mientras que la municipalidad de Ciudad del Este sobrepasó ese límite.

Según el abogado, una resolución de la Corte Suprema suspendió la aplicación de ese límite en la localidad, y añadió que, basada en ese dictamen, el equipo interventor también sobrepasó ese límite en el pago de sueldos.

Por otro lado, negó otras de las principales acusaciones, según la cual sólo el 6 % de lo recaudado a través de la tasa del servicio de bomberos llegaba al cuerpo, pero según el defensor el monto se pagaría en los “meses de mayor recaudación”, entre diciembre y febrero, cuando ya estaba en marcha la intervención.

Con documentos facilitados por la intervención, la Fiscalía imputó a finales de enero a McLeod por lesión de confianza por haber realizado, presuntamente, pagos desde la Municipalidad a una empresa que no prestó los servicios contratados.

Ese mismo día abrió otra investigación por declaración falsa de bienes y cuentas contra ella y su marido, el senador colorado Javier Zacarías, que este jueves fue despojado de sus fueros tras una votación en la Cámara Alta.

Sobre ambos pesa otra imputación por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal.

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