El Tribunal Supremo, un instrumento político en manos conservadoras

Kavanaugh es una de las claves para que Trump pueda sacar adelante su agenda, sobre todo en temas sociales

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Una pancarta reza 'Violación' junto al rostro de Kavanaugh, este jueves frente al Supremo DREW ANGERER (AFP)

Los inquilinos de la Casa Blanca cambian, también el color político en el Congreso, pero los nueve jueces del Tribunal Supremo resisten a los vaivenes de Washington. Desde la atalaya de sus cargos vitalicios, marcan el rumbo social de Estados Unidos. Fue esta institución la que acabó con la discriminación de los negros en las escuelas, legalizó el aborto y el matrimonio homosexual o permitió el acceso desenfrenado del dinero a las campañas electorales. Esa losa de responsabilidad se cernía este jueves sobre el futuro de Brett Kavanaugh, el candidato de Donald Trump a ocupar uno de los nueve sillones de la máxima autoridad judicial.

Para Trump y los republicanos está en juego garantizar la mayoría conservadora en el Supremo, lo que puede ser determinante en asuntos sociales, como el aborto o la propia agenda del mandatario. Anthony Kennedy, que era el miembro más longevo del Supremo, anunció por sorpresa el pasado junio que se jubilaba tras 30 años en la institución.

Kennedy era uno de los cinco jueces conservadores frente a cuatro progresistas, pero en ocasiones actuaba de péndulo: su voto fue clave, por ejemplo, en la legalización del matrimonio homosexual en 2015, en el mantenimiento del derecho al aborto en 1992 y en la decisión que permitió a los presos de Guantánamo recurrir su situación de detención indefinida ante los tribunales civiles.

“El Supremo está en el centro de la política en la América contemporánea”, escribe en un correo George C. Edwards, profesor de Ciencia Política en las universidades de Oxford y Texas A & M. “La persona que se siente en el tribunal es de una gran importancia para los partidistas en ambos lados por el dominio de la política identitaria y porque el tribunal aborda asuntos como la raza y el género”.

La retirada de Kennedy se convirtió en una oportunidad de oro para los republicanos: colocar a un juez más conservador durante las siguientes décadas ahora que el partido ostenta la mayoría en el Senado. Trump anunció en julio la candidatura para la plaza vacante de Kavanaugh, un juez relativamente joven (53 años) que tenía, en apariencia al menos, un expediente impoluto y experimentado como magistrado de apelaciones y asesor del expresidente George W. Bush.

En lo ideológico, está más escorado a la derecha que Kennedy. Sus ideas —muy influidas por la religión y contrarias al aborto— encandilan a los más conservadores y alarman a los progresistas, que temen que los avances sociales sufran un retroceso en el Supremo. El objetivo de los republicanos era aprobar la designación antes de las elecciones legislativas del 6 de noviembre e idealmente que se incorporara a su puesto el 1 de octubre, cuando arranca el nuevo curso judicial.

Elecciones en noviembre

La aritmética es muy nítida. El partido de Trump corre el riesgo de perder en los comicios su mayoría en el Senado y, si los demócratas se hacen con el control del hemiciclo, que se materializaría en enero, el presidente se vería forzado a presentar un candidato más moderado al Supremo para lograr los apoyos necesarios para su aprobación.

Todo parecía avanzar según la estrategia conservadora hasta el pasado 16 de septiembre, cuando la profesora Ford dio a conocer su identidad y explicó el presunto intento de violación en una entrevista. La acusación forzó a los republicanos a autorizar una comparecencia de la denunciante y a posponer la votación. Desde entonces, otras tres mujeres han asegurado haber sufrido o presenciado situaciones de abuso sexual por parte del aspirante al Supremo.

Cada vez es más dudoso que Kavanaugh logre los apoyos suficientes para salir airoso de la votación en el pleno del Senado. Los republicanos tienen una estrecha mayoría y solo pueden permitirse perder el voto de uno de sus 51 legisladores. La polémica recuerda un caso sucedido en 1991, cuando la profesora y abogada Anita Hill acusó de abuso sexual a un aspirante al Supremo, Clarence Thomas. Ambos testificaron ante el Senado, pero se acabó aprobando la designación de Thomas, que sigue en el tribunal.

Si la candidatura de Kavanaugh no prospera, Trump se enfrenta a un problema. Designar a los miembros del Supremo es una de las mayores potestades de un presidente. En 2016, Trump logró convencer a muchos republicanos reticentes de que le votaran al asegurarles que situaría a un conservador en la vacante que había entonces en el Supremo. Así lo hizo con Neil Gorsuch, que tomó posesión el pasado abril. Ahora, Trump corre el riesgo de sufrir con Kavanaugh una derrota mayúscula, deslegitimar al Supremo y, en plena era del Me Too, alentar todavía más el voto femenino demócrata en noviembre.

 

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