El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú ha informado este domingo de que el expresidente Alan García Pérez ha solicitado asilo político a Uruguay. El dos veces exmandatario peruano (1985-1990 y 2006-2011) ingresó la noche del sábado a la residencia del embajador uruguayo en Lima para pedir protección.

Eso sucedió horas después de que un juez impidiera abandonar el país al líder del Partido Aprista por 18 meses para permitir diligencias fiscales en una investigación por colusión, lavado de dinero y tráfico de influencias ligadas a la concesión de la Línea 1 del Metro a la constructora brasileña Odebrecht, que ha obligado a abrir varias causas por corrupción en varios países de América Latina.

García dijo ayer por la tarde, después de que se hiciera pública la resolución judicial, que “no es un ningún castigo ni deshonor estar 18 meses en el Perú” y que estaría “a disposición para presentar las contrapruebas”. La decisión judicial impide al expresidente regresar a Madrid, ciudad en la que residía desde hace meses.

“Es una triquiñuela para ganar espectacularidad. Necesitan hacer una hoguera y quemar como una vieja bruja a Alan García”, dijo el exmandatario sobre la orden de arraigo.

En la década de los 90, Alan García permaneció asilado en Colombia nueve años mientras era investigado por corrupción en la obra del tren eléctrico. Regresó a Perú en 2001 cuando prescribieron los cargos en su contra por enriquecimiento ilícito, cohecho y colusión.

El jueves, el fiscal provincial José Domingo Pérez –que integra el equipo especial Lava Jato en el Ministerio Público– solicitó el impedimento de salida de García al magistrado especializado en corrupción de funcionarios, Juan Carlos Sánchez, debido a nuevas pruebas respecto del expresidente.

En una audiencia realizada la tarde de este sábado, Pérez sostuvo que Odebrecht proporcionó a la Fiscalía mensajes –de julio de 2012- de su sistema de comunicación encriptada llamado Drousys, en los cuales el área de sobornos de la empresa le pedía a un abogado externo firmar un contrato con una fecha anterior –mayo 2012– y transferir 100.000 dólares a la cuenta bancaria de García como pago por una conferencia realizada en mayo en SãoPaulo.

El abogado José Americo Spinola, identificado con el pseudónimo de Joe en el sistema Drousys del Sector de Operaciones no Estructuradas (el área de sobornos), recibía 15.000 dólares de la transnacional brasileña por gestionar el pago al político peruano como si fuera a nombre de la Federación Industrial del Estado de São Paulo (FIESP), lugar donde fue la conferencia. Spinola preguntó si podría pagar vía una firma offshore desde Nevis en el Caribe para ahorrar, pero el área rechazó ese canal.

“El pago tiene que ser hecho en Brasil, de la empresa que intermedió la invitación”, respondió el administrador de la caja paralela de la constructora, Marcos Grillo.

El fiscal Pérez explicó que en 2009 el entonces presidente Alan García firmó cinco decretos de urgencia y dos decretos supremos para modificar el marco legal a favor de la constructora brasileña Odebrecht, y que la concesión de la línea 1 del metro de Lima pasara de la municipalidad de Lima al Ministerio de Transportes. Tres exfuncionarios de ese ministerio están presos por haber recibido dinero de Odebrecht en paraísos fiscales: uno de ellos mantuvo una cuenta por siete millones de dólares.

El representante del Ministerio Público aseguró que en varias oportunidades citó a García para diligencias y este se excusó debido a “actividades en Madrid”. “Otros se venden, yo no”, ha repetido García desde que en enero de 2017 fueron detenidos exfuncionarios de su Administración por este caso. Sin embargo, el pasado viernes dijo que podría haber recibido dinero de Odebrecht como otras entidades en Lima.

“¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”, escribió en Twitter. Su versión en el pasado había sido que el gremio empresarial paulista le había pagado la conferencia.

El exprocurador anticorrupción Ivan Meini refirió a  que ninguna norma prohíbe a expresidentes contratar con una empresa que fue proveedor del Estado durante su gestión, pero aludió a una práctica corrupta en esa situación.

“Para funcionarios de primer nivel no hay imposibilidad legal, pero hay que notar que los casos de corrupción pretendan ser camuflados y que cuando el funcionario público deja de serlo recién se le paga la contraprestación o el soborno. Esa es una buena forma de complicar la actividad probatoria del fiscal. En este caso, los decretos de urgencia –a favor de la empresa– fueron un mecanismo excepcional en el derecho peruano.

Por otro lado, el valor de las conferencias de 100.000 dólares es sospechoso, ni Bill Clinton ni Bill Gates cobran así”, comentó el abogado penalista Meini a este diario

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